Toda política de Estado, orientada a combatir la corrupción, es digna de aplausos. En ese sentido, la idea de fortalecer la Unidad de Investigación Financiera (UIF), permitiéndole el levantamiento financiero y tributario de todas aquellas personas sospechosas de actos ilícitos colindantes con el lavado de activos y la evasión al fisco, merece el apoyo de toda la ciudadanía.
No obstante, en días recientes hubo una discusión en el Congreso de la República en torno al paquete de leyes que el Ejecutivo alcanzó al Legislativo en su propósito de obtener facultades extraordinarias para legislar y en el que se planteaba el empoderamiento de la UIF a través de una acción más expeditiva y directa para levantar el secreto financiero de todas aquellas personas inmersas en una investigación por corrupción.
Esta propuesta, como es por todos conocida, dividió las opiniones entre quienes señalaban que se trataba de una norma a todas luces violatoria de la Constitución y entre quienes creían todo lo contrario agregando que la propuesta planteada por el Ejecutivo, significaba más bien un paso adelante en el marco de la modernidad que el Estado debía dar copiando la experiencia de otros países en vías de desarrollo.
Felizmente, hace unos pocos días, la discusión quedo zanjada y el Congreso aprobó un documento que recoge una posición intermedia que ha satisfecho a muchos entre los que destaca Socorro Heysen, jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), institución a la que está adscrita la UIF.
La funcionaria en mención dijo al abandonar la sede del Congreso de la República, que estaba de acuerdo con el dictamen modificado en la Comisión de Constitución y que le parecía adecuado el punto medio encontrado por los parlamentarios, el mismo que le da suficientes facultades a la UIF para realizar su trabajo.
Pero, ¿cuál es el ese punto medio? Simplemente que a partir de la aprobación de la norma, la UIF podrá solicitar el levantamiento del secreto financiero al juez de turno y no como es hasta ahora que tiene que ser aprobado por el juez estable o titular lo cual le resta capacidad de inmediatez a su accionar en contra de la corrupción.
En orden a lo expuesto, la Confederación Nacional de Comerciantes, CONACO, felicita a los señores congresistas de la República y a los miembros del Ejecutivo por trabajar de manera armoniosa en la búsqueda de soluciones a los problemas que afligen al país, evitando así la confrontación inútil y estéril.